Bolivia atraviesa una etapa de alta tensión política y económica marcada por la escasez estructural de divisas extranjeras y la reciente eliminación de la subvención estatal al diésel.

La decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz, ejecutada mediante el Decreto Supremo 5716, detonó el rechazo inmediato de ciertos sectores políticos y organizaciones sociales.

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Desde Lauca Ñ, partidarios del expresidente Evo Morales emitieron un comunicado exigiendo la abrogación de la medida, así como del Decreto Supremo 5727, al que acusan de promover la liquidación de empresas públicas.

Bajo la advertencia de iniciar una gran movilización nacional para bloquear el país, la dirigencia afirmó que la política energética debe revertirse, en un contexto donde figuras políticas, como el senador suplente Nilton Condori, instaron públicamente a extirpar a la actual élite gubernamental.

Mientras el conflicto en las calles escala por el encarecimiento de los combustibles, la ciudadanía boliviana enfrenta en paralelo el colapso del poder adquisitivo de su moneda local.

Tras años de iliquidez, los depósitos en dólares en el sistema financiero cayeron al 7,5%. El tipo de cambio oficial permanece congelado en 6,96 bolivianos, pero en el mercado bancario la cotización alcanza los 12,02 bolivianos y en el mercado paralelo informal roza los 13,50.

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Ante una devaluación real sostenida y cajas de ahorro en moneda nacional que apenas rinden un 1,04% anual frente a la inflación, los ahorristas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% en solo doce meses.

Frente a este escenario de corralito de facto sobre las reservas físicas, la población y el propio sistema financiero formal encontraron una vía de escape operativa: la adopción masiva de la stablecoin USDT .

Los bancos tradicionales abandonaron los esfuerzos por captar billetes verdes y transformaron la fuga de capitales en un nuevo modelo de negocio. CriptoNoticias reportó que entidades como Banco Unión, Banco FIE y Banco BISA sellaron alianzas con procesadores de pago como EFY Finance y Lirium para ofrecer la venta directa de USDT a través de sus canales digitales.

El sistema permite a los ciudadanos convertir bolivianos a dólares digitales asumiendo comisiones y el diferencial cambiario, con límites diarios que, en el caso de aplicaciones como Yasta, se fijan en 8.250 bolivianos.

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Según datos del Banco Central de Bolivia, el 86% de los usuarios de estas plataformas bancarias son personas naturales que buscan resguardar su patrimonio. Sin embargo, el volumen canalizado por la banca formal es solo una fracción del ecosistema total.

El uso de activos digitales en el comercio informal empujó a Bolivia a transaccionar más de 14.800 millones de dólares en criptoactivos entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos de Chainlaysis, integrando a USDT como herramienta vital para remesas e importaciones.

Incluso el sector automotriz, con fabricantes como Toyota, BYD y Yamaha, habilitó cobros con esta stablecoin en el país.

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, subrayó recientemente que el activo digital funciona como un salvavidas esencial frente a la inflación y los controles de capital en América Latina.

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A medida que el Estado pierde la capacidad de garantizar liquidez física y contener las exigencias por subsidios energéticos, la dolarización digital privada se consolida como la nueva infraestructura monetaria de Bolivia.

Sin subvención al diésel y con escasez de dólares, Bolivia protesta y adopta USDT