El diputado Alberto Martínez Urincho presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta de reforma al Código Penal Federal para sancionar el uso ilícito de energía eléctrica en la minería de Bitcoin y criptomonedas.

Para combatir esta práctica, la iniciativa plantea imponer una pena de «5 a 12 años de prisión y de 1.000 a 3.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)». La UMA es la referencia económica que utiliza el gobierno mexicano para determinar el pago de multas y sanciones administrativas.

Publicidad

Al detallar el alcance de la norma, el legislador de Morena explicó que la sanción aplicará a quien «sin derecho use, aproveche, enajene, trafique o altere energía eléctrica de las redes del Sistema Eléctrico Nacional», según informó el medio local La Guardia, ayer 1 de noviembre.

En concreto, la medida se tipificará cuando la energía se utilice para «alimentar, operar o mantener infraestructura tecnológica destinada al minado de activos virtuales, procesamiento masivo de datos o resolución de algoritmos criptográficos».

Para argumentar la urgencia del proyecto, Martínez Urincho sustentó la propuesta en cifras oficiales. Según reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre enero y julio de 2024 se registraron «6.346 GWh asociados a robos, alteración de medidores y conexiones ilegales, con un valor comercial estimado en 13.800 millones de pesos», equivalentes a unos 817 millones de dólares.

A la par del castigo base, la propuesta contempla incrementar las sanciones hasta en una mitad si la conducta se realiza mediante el «acoplamiento directo a líneas de media o alta tensión o a infraestructura de transformación de la red de distribución o transmisión».

Publicidad

De forma complementaria, el agravante también aplicará cuando se cause una «interrupción o alteración sustancial en el suministro, distribución o calidad del servicio de energía eléctrica», o bien si el centro de procesamiento digital «opere de manera clandestina».

En cuanto a las implicaciones materiales, en el documento se plantea que el órgano jurisdiccional decretaría el «decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito». Respecto de los activos obtenidos de forma directa o indirecta por el ilícito, las autoridades procederán conforme a la legislación aplicable.

Sobre el marco normativo de esta actividad, la iniciativa aclara que la minería de criptomonedas no está prohibida en México. Sin embargo, la sustracción ilegal de suministro eléctrico sí constituye un delito penal dentro del marco jurídico vigente.

El debate de esta propuesta legislativa coincide con operativos oficiales en el país. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla desmanteló una instalación de minería de Bitcoin, como reportó CriptoNoticias.

Publicidad

En este caso particular, la infraestructura se encontraba conectada de forma clandestina a una presa perteneciente a un complejo hidroeléctrico federal. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad incautaron transformadores, terminales de media tensión y antenas de internet satelital.

Proponen 12 años de cárcel en México por minar Bitcoin con electricidad robada