Bolivia atraviesa una severa escasez de divisas tras el agotamiento de sus reservas internacionales. Y e 31 de octubre de 2026, el Banco Central debe decidir si integra a la stablecoin USDT (Tether) al sistema de pagos. Lo que resuelva definirá si esta stablecoin que ya circula en las calles entra al perímetro regulatorio o permanece en la sombra.

La economía boliviana hoy se mueve en tres frecuencias distintas. Por un lado, el dólar oficial fijado por el gobierno cerca de los 10,24 bolivianos, un mercado callejero donde los cambistas lo venden a 11,20 y una cotización digital en plataformas P2P como Binance que ronda los 10,62.

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Este escenario captó la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya postura ante Bolivia contrasta de forma radical con la que adoptó frente a El Salvador cuando el país centroamericano convirtió a bitcoin (BTC) en moneda legal en el año 2021.

La diferencia es de infraestructura porque en El Salvador frenó un proyecto estatal; en Bolivia intenta meter en cintura un mercado que creció en la sombra.

El mercado que el Estado no podía ver

Antes de 2026, USDT en Bolivia se consolidó como una herramienta de supervivencia frente a la escasez de divisas. De acuerdo con el Banco Central de Bolivia (BCB), las transacciones con activos digitales se dispararon más de un 630% en solo un año, pasando de 46,5 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 294 millones en el mismo periodo de 2025. Además, entre enero y julio de ese año, el 36% de las remesas ingresó al país a través de wallets digitales y criptoactivos.

La economía boliviana ya no está enferma, está en cuidados paliativos. El boom de las criptomonedas es apenas el analgésico para aguantar el dolor.
Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Este flujo operaba al margen de la supervisión oficial, careciendo de verificación de identidad (KYC), reporte de operaciones y trazabilidad. El Estado ignoraba quién compraba, cuánto y con qué fin, y el FMI era consciente de este punto ciego antes de iniciar cualquier negociación.

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Para entender cómo planea actuar el Fondo, conviene observar primero el precedente inmediato donde sí pudo aplicar todo su peso regulador.

El experimento con bitcoin que el FMI logró frenar

El caso de El Salvador demostró lo que ocurre cuando el FMI interviene sobre una infraestructura estatal y centralizada. En el acuerdo de diciembre de 2024, el Fondo condicionó un crédito de 1.400 millones de dólares a que bitcoin perdiera su condición de moneda de curso legal para enero de 2025.

Las empresas dejaron de estar obligadas a aceptarlo. La Chivo Wallet pasaría a manos de un operador privado y el gobierno se comprometió a no destinar fondos públicos a la compra de más BTC.

Aunque el país mantiene en reserva más de 7.764 BTC a septiembre de 2026 y continúa adquiriendo un bitcoin al día, desde junio de 2025 estas compras se financian de forma privada. En la práctica, el Fondo no prohibió el activo, pero apartó a bitcoin de la política monetaria del Estado.

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¿Por qué el FMI no aplicó la misma receta con el USDT en Bolivia?

Comparativa FMI Bolivia vs El Salvador: licenciamiento de USDT frente a desmantelamiento del bitcoin como moneda legal. Tabla con activo, estatus previo, acción del Fondo, instrumento, resultado y estado actual a septiembre de 2026. — La misma institución que exigió retirarle el estatus legal al bitcoin salvadoreño permite que el USDT boliviano entre al sistema de pagos, siempre que cada operación quede registrada. Fuente: CriptoNoticias / Generada usando Gemini.

La doctrina del compliance por diseño

El FMI entiende que no se puede prohibir lo que no se controla. En lugar de vetar la stablecoin, rediseña la arquitectura financiera para que el cumplimiento normativo quede integrado desde el origen en cada transacción.

La respuesta es uncompliance por diseño. Eso es exigir registros de KYC y prevención de lavado de dinero directamente en los exchanges y demás proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Bolivia comenzó a dar pasos en este sentido el 12 de enero de 2026, cuando Banexcoin recibió el primer Certificado de Adecuación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), seguido por firmas como Vita Wallet y Mesa de Pagos.

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Bajo este esquema, los exchanges y otros servidores con licencia quedan obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El mercado negro de criptomonedas seguirá existiendo, pero una buena parte migrará a casas de cambio legales para evitar riesgos.

Los flujos transfronterizos de stablecoins hacia mercados emergentes crecieron de 12.000 millones de dólares en 2020 a 316.000 millones a inicios de 2025.
Reporte del FMI, abril de 2026.

¿Quién va a fiscalizar el dólar digital que circula en Bolivia?

Ante esta realidad, el gobierno boliviano evalúa un paso impensable tiempo atrás al plantear la integración formal del USDT al sistema nacional de pagos. Ya en junio de 2025, el BCB anunció que trabajaba en «usar este dólar digital de forma legal, directa y masiva para transacciones cotidianas, sin depender exclusivamente del dinero en efectivo o del sistema bancario tradicional», tal como lo reportó CriptoNoticias en su momento.

El BCB trabaja en la habilitación de pagos con stablecoins como USDT, que estarán disponibles a través de canales financieros autorizados, bajo criterios de seguridad, inclusión y eficiencia, en un entorno regulado.
José Gabriel Espinoza, ministro de economía de junio de 2026.

A esto se suma la publicación del Primer Informe del Boliviano Digital y el avance en el desarrollo de una moneda digital emitida por el Banco Central (CBDC) de uso mayorista. La discusión ahora se centra en quién gestionará la infraestructura del dólar que la gente ya usa.

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Los riesgos de la estrategia del FMI

A pesar de los avances, la estrategia del FMI enfrenta obstáculos considerables. Desde septiembre de 2024, analistas como Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advierten que la apertura sin un marco regulatorio sólido y previo abre la puerta al lavado de activos. Tiempo después, el país continúa en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Dos factores podrían frustrar este proceso:

Sobrecarga de condiciones: históricamente, la saturación de exigencias en los programas del FMI suele incumplirse. El de Bolivia agrupa reformas monetarias, cambiarias, de pensiones y de activos virtuales en un paquete de USD 1.900 millones a 36 meses, sin agencia única responsable.

Riesgo inherente al activo: tal como señala la consultora PwC, regular al intermediario no elimina los riesgos del activo subyacente: licenciar un PSAV no protege contra problemas de liquidez o reservas de la stablecoin.

El interés fiscal detrás de la transparencia

Para el FMI, transparentar el dólar digital también responde a una necesidad de recaudación.

La economía invisible impulsada por las stablecoins mueve volúmenes de dinero gigantescos que escapan al fisco. El caso venezolano expone con claridad esta dinámica, puesto que un cálculo de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) señala que formalizar y dar trazabilidad a los flujos digitales que circulan al margen del sistema bancario permitiría triplicar la recaudación fiscal sin necesidad de crear nuevos impuestos, simplemente haciendo visible lo que hoy representa evasión.

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La prueba de fuego para el Banco Central de Bolivia

La fecha límite es el 31 de octubre de 2026. Si para entonces el Banco Central de Bolivia logra consolidar un marco operativo claro y al menos tres proveedores cuentan con el Certificado de Adecuación de la ASFI vigente, el FMI habrá cumplido su objetivo primario: integrar el dólar paralelo al perímetro de control tributario y regulatorio.

De lo contrario, la normativa quedará registrada como un mero trámite formal frente a los organismos internacionales, dejando la economía digital operando, una vez más, en las sombras.

¿Por qué el FMI prefiere USDT en Bolivia pero rechaza bitcoin en El Salvador?