«Privacidad es la capacidad de revelarse selectivamente ante el mundo.»

Eric Hughes – Manifiesto Cypherpunk

Privacidad. Más que un concepto, la privacidad es un ejercicio, una acción que se practica y sobre la que se decide constantemente en el umbral entre lo que se oculta y lo que se revela. Qué debe pertenecer al ámbito privado, fuera de la mirada pública, es algo que cada persona decidiría y ejercería individualmente. La contradicción surge cuando es el sector público el que decide sobre los límites de lo privado.

Esa contradicción tiene hoy una versión diáfana en el lenguaje de las altas finanzas. Durante años, la privacidad, sobre todo en el ámbito de las criptomonedas, apareció en el vocabulario de bancos y reguladores como sinónimo de sospecha, incluso de crimen. Ahora aparece en los informes de los gestores de fondos y en el diseño de la infraestructura de Wall Street como un requisito. El argumento es que ninguna empresa publica su nómina y ningún fondo anuncia sus operaciones antes de ejecutarlas, y una red pública que lo expone todo es una desventaja competitiva para quienes administran billones.

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El ejemplo más acabado es Canton, la red sobre la que la DTCC, la entidad por la que se compensan y custodian los valores del mercado estadounidense, probó en julio operaciones reales con activos tokenizados junto a unas 40 firmas (entre ellas JPMorgan, Goldman Sachs y BlackRock) y sobre la que lanzará en octubre su servicio comercial de tokenización. Yuval Rooz, director ejecutivo de Digital Asset, la empresa que creó esa red, define la privacidad como la capacidad de compartir información según la necesidad de conocerla, y precisa que quiénes deben ver cada transacción son las partes que intervienen y los reguladores correspondientes. Las empresas de análisis de cadenas, mientras tanto, adaptan sus herramientas de cumplimiento para leer esa red por dentro.

La definición de Rooz se parece mucho a la de Hughes. Ambas hablan de revelar con criterio, de mostrar a unos lo que se oculta a otros. La diferencia está en quién ejerce ese criterio. En el manifiesto cypherpunk, la persona decide qué revela de sí misma. En la red de los bancos, la información se comparte con quien necesita conocerla, y quien determina esa necesidad es el regulador. La divulgación sigue siendo selectiva, pero quien selecciona ya no es el dueño de la información.

El crimen viaja por rieles transparentes

La justificación habitual para decidir desde afuera los límites de lo privado es el crimen. Y en este momento el crimen digital está en máximos. Según Chainalysis, las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron al menos USD 154.000 millones en 2025, un récord y un alza del 162% en un año, aunque siguen representando menos del 1% del volumen total del mercado.

Curiosamente, el 84% de ese volumen ilícito circuló en stablecoins, tokens cuyas transferencias quedan registradas en redes públicas y que, en la mayoría de los casos, su emisor puede congelar. Buena parte corresponde a evasión de sanciones, como los USD 93.300 millones que movió en menos de un año A7A5, una stablecoin rusa, elección más inteligente que el USDT congelado recientemente a Irán. El crimen no se escondió, sino que se expuso a la vista de todos.

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El robo más grande del año lo confirma. El 24 de septiembre, atacantes que los investigadores vinculan con Corea del Norte sustrajeron unos USD 387,5 millones del exchange Bitget. El dinero se movió por redes públicas, se convirtió en ether, fuera del alcance de los congelamientos, y cruzó de una cadena a otra a través de THORChain, que rechazó bloquear las direcciones del atacante alegando que no censura por diseño. Circle y Tether congelaron unos USD 318.000. Recién seis días después del robo, una billetera vinculada al atacante depositó 2.746 ZEC en el pool blindado de Zcash, unos USD 3,9 millones, alrededor del 1% del botín. En este caso, la privacidad fue un actor menor.

Sin duda, lo privado tampoco está libre de crimen. Los atacantes de Bitget terminaron buscando refugio en un pool blindado, y la confidencialidad bancaria escondió durante décadas un lavado de una escala que ninguna red de criptomonedas ha alcanzado. En 2020, la filtración conocida como los FinCEN Files reveló que los bancos movieron entre 1999 y 2017 más de USD 2 billones en transacciones que sus propios oficiales de cumplimiento habían marcado como posible lavado de dinero, y que siguieron atendiendo a oligarcas y criminales pese a esas alertas.

Solo en JPMorgan, la cifra llegó a USD 514.000 millones, más de 1.300 veces lo robado a Bitget; en Deutsche Bank, a USD 1,3 billones. Como señalamos en un editorial anterior, esas operaciones fueron reportadas a las autoridades y no se hizo nada con ellas. La llave del regulador existía pero, o nadie hizo el esfuerzo de usarla, o la usaron y se hicieron la vista gorda.

Esa es la confidencialidad que hoy se replica en redes como Canton, donde participan JPMorgan, Goldman Sachs y BlackRock: reserva completa frente al público y una puerta para el regulador que sugiere garantías de supervisión, pero que los FinCEN Files demostraron que puede quedar en mera formalidad. Con esa arquitectura, conductas como las que reveló aquella filtración quedarían todavía más lejos del ojo público, que en esa historia fue el único que terminó exponiéndolas. Si el daño fuera el criterio, la privacidad le correspondería al ciudadano y la sospecha, a los bancos.

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La llave decide quién merece privacidad

El criterio real se ve en el trato que recibe cada forma de privacidad. Monero oculta por defecto el emisor, el receptor y el monto de cada transacción, sin modo transparente ni puerta para nadie. Por eso ha sido deslistado de casi todos los exchanges regulados, y se le ha relegado a los DEX y mercados P2P.

Zcash recorrió otro camino. Su privacidad es optativa, lo que quiere decir que conviven direcciones transparentes con un pool blindado para privacidad. Cuando Binance exigió poder verificar el origen de los depósitos, Zcash creó un formato de dirección que solo acepta fondos provenientes de direcciones transparentes, y en julio de 2025 el exchange le retiró su etiqueta de vigilancia.

En agosto empezó a cotizar en Nueva York el primer ETF de Zcash, cuyos compradores operan desde cuentas identificadas. Esa cotización fue posible porque Zcash ofrece claves de visualización que permiten revelar selectivamente el historial de transacciones a autoridades o contrapartes. Zcash fue readmitido porque aceptó la vigilancia. Donde la autoridad no confía, la excepción desaparece: el reglamento AML europeo obligará desde julio de 2027 a los exchanges regulados a retirar tanto Monero como Zcash, y en Emiratos, Kraken liquidó en septiembre los saldos de XMR y de ZEC de sus clientes residentes.

Los bancos reciben una versión más generosa: confidencialidad completa frente al público, con la llave del regulador incorporada desde el diseño. En octubre de 2017, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, sostuvo que bitcoin solo mostraba cuánta demanda de lavado de dinero había en el mundo. Hoy BlackRock participa en la tokenización de valores de la DTCC, apoyada en una red cuya promesa central es la confidencialidad. Lo que en 2017 era indicio de lavado pasó a ser un requisito de mercado cuando la reserva empezó a beneficiarle.

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La privacidad que pide permiso

Según datos de Glassnode, los activos que esa firma clasifica como de privacidad pasaron de valer USD 7.100 millones a USD 33.600 millones en doce meses, y Zcash, con un alza de 2.496%, explica el 62% de esa capitalización. El mercado celebra el regreso de la privacidad, pero el capital fue a parar a la versión que conserva una puerta para el regulador. Esa es la privacidad complaciente, la que hoy está alcista.

Al ciudadano, mientras tanto, se le exige lo contrario. En la Unión Europea, desde enero, la directiva DAC8 obliga a los exchanges a reportar a las autoridades fiscales las operaciones de sus usuarios. En marzo, el GAFI, el organismo que fija los estándares internacionales contra el lavado de dinero, pidió que los países tengan poder para congelar y quemar stablecoins y para bloquear wallets autocustodiadas, apoyándose en el mismo dato que muestra que el crimen circula por rieles transparentes. Cada transacción, por mínima que sea, exige más datos y más controles, y quien intenta protegerse con herramientas de privacidad pasa a ser sospechoso por el solo hecho de intentarlo.

Hughes definió la privacidad como la capacidad de revelarse selectivamente ante el mundo. La versión que hoy cotiza al alza conserva ese vocabulario y cambia al titular de esa capacidad: el secreto se concede a quien puede costear el cumplimiento regulatorio, y la decisión sobre qué se revela queda en manos de quien vigila. La privacidad sin puerta sigue existiendo y sigue funcionando, aunque el sistema la empuje a los márgenes.

Los cypherpunks, bajo la voz de Julian Assange, resumieron en una consigna la asimetría que debería ordenar todo esto: privacidad para los débiles, transparencia para los poderosos. El individuo necesita privacidad porque carece de poder: su información expuesta lo deja vulnerable ante el Estado, el fisco, el delincuente o el empleador. Las corporaciones y los gobiernos concentran poder, y la transparencia es lo único que permite pedirles cuentas. La privacidad complaciente invierte la consigna, dando privacidad a los poderosos y exposición forzada para quien no tiene cómo defenderse.

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La privacidad complaciente está alcista