La Ley Clarity, iniciativa ideada para regular el mercado de las criptomonedas en Estados Unidos, no registraría avances durante los próximos dos años. La estimación fue formulada el 4 de noviembre de 2026 por el analista Jaret Seiberg, de la firma de inversión TD Cowen, al evaluar los resultados de las elecciones de mitad de término desarrolladas el 3 de noviembre.

Esta proyección responde al cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso estadounidense. En un informe, tras la jornada electoral, Seiberg sostuvo: «Consideramos que la victoria de Sherrod Brown en Ohio perjudica la influencia política de la industria de las criptomonedas, ya que esta trabajó para derrotar [al proyecto de ley]».

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Con esa declaración, la entidad financiera ratificó el diagnóstico proyectado previamente para la norma. En el mismo documento, el especialista remarcó: «No creíamos que Clarity pudiera avanzar en los próximos dos años. Esto refuerza nuestra confianza en nuestra predicción».

A juicio de la firma, el resultado de los comicios añade dificultades a la actividad del sector privado. El analista dejó asentada esta visión al afirmar que «este resultado es negativo para nuestros sectores», manteniendo la advertencia proyectada a lo largo del ciclo electoral en territorio estadounidense.

En cuanto a la fiscalización, Seiberg planteó que las urnas «no afectarán la capacidad de los reguladores para impulsar sus agendas de desregulación». Bajo esta perspectiva, prevé que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) «sigan activas, incluso en lo que respecta a criptomonedas, mercados de predicción y delincuentes».

En paralelo a esta parálisis legislativa, la bancada demócrata en la Cámara de Representantes reactivó las conversaciones para ajustar el marco regulatorio del mercado. El proyecto busca extender las atribuciones de la SEC, establecer mayores exigencias operativas a los exchanges de criptomonedas y fijar restricciones a funcionarios con intereses económicos en el sector.

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La propuesta orientada al próximo periodo legislativo permanece en fase de discusiones preliminares. El planteamiento integrará enmiendas impulsadas durante los debates de la Ley Clarity junto con medidas acordadas por senadores demócratas y republicanos.

El reparto de competencias de supervisión entre los organismos federales constituye el eje del desacuerdo. Mientras los republicanos sugieren otorgar a la CFTC potestad sobre los mercados al contado de determinadas materias primas digitales, los demócratas procuran ampliar la supervisión de la SEC y acotar las funciones de la CFTC.

El texto contempla además la reactivación de la «Carta de Derechos del Inversor y Consumidor Cripto», presentada en 2025 por la representante Maxine Waters. Dicha iniciativa ordena a las plataformas procesar los retiros de activos en un máximo de 24 horas, exceptuando escenarios con sospechas de fraude documentadas.

No obstante, las opciones de acuerdo parlamentario quedarán limitadas por el ambiente político. Seiberg advirtió que los demócratas «investigarán los vínculos de Trump con las criptomonedas, incluyendo a World Liberty Financial», y concluyó que «el entorno político resultante podría imposibilitar la aprobación de una versión de Clarity que el sector de las criptomonedas pueda respaldar».

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En esa línea, el representante demócrata Robert Garcia, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, adelantó que revisará las actividades comerciales de la familia Trump. Consultado sobre las medidas a adoptar, Garcia respondió: «contraten abogados», reportó CriptoNoticias.

Tales indagaciones abarcarían a la plataforma World Liberty Financial (WLFI) y el indulto presidencial concedido a Changpeng Zhao, fundador del exchange Binance. Asimismo, Garcia ratificó que inspeccionará los negocios de Donald Trump Jr. y los contratos o cargos asignados a familiares del mandatario, entre los que señaló a Jared Kushner.

La Ley Clarity podría quedar fuera de la agenda al menos dos años