El Gobierno de España aprobó este miércoles 8 de octubre de 2026 el Real Decreto 813/2026. La norma endurece de forma drástica la prevención del blanqueo de capitales.

Desde ahora, los cajeros de criptomonedas pierden cualquier resquicio de anonimato en territorio nacional. En ese sentido, los dispositivos exigirán la identificación obligatoria en el cien por cien de las operaciones, indica el boletín emitido por el gobierno.

Publicidad

Hasta la fecha, determinadas transacciones de menor importe en estos terminales físicos operaban sin controles exhaustivos de identidad. En consecuencia, el nuevo texto legal elimina esta vía al estipular que «la comprobación fehaciente de identidad sea preceptiva en todas las transacciones realizadas en cajeros de criptoactivos».

Esta medida forma parte de un amplio paquete normativo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Paralelamente, el objetivo principal consiste en cerrar canales opacos al flujo de fondos ilícitos. Para cumplir con las nuevas exigencias, los operadores contarán con un periodo transitorio de dieciocho meses con el fin de implementar sistemas avanzados de identificación electrónica.

Más allá de los cajeros automáticos, la directriz modifica el control sobre el sector del juego en línea, las notarías y las organizaciones sin ánimo de lucro.

Adicionalmente, el texto otorga validez oficial al DNI digital para ciudadanos españoles en estos procedimientos. Asimismo, la normativa dota de mayor músculo a los organismos inspectores nacionales mediante la incorporación formal de personal al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), una unidad de Inteligencia Financiera de España.

Publicidad

Este endurecimiento normativo coincide con un contexto de mayor fiscalización sobre los activos digitales en el país. Como reportó CriptoNoticias, a finales de septiembre, la Agencia Tributaria aclaró que las tenencias en wallets de autocustodia quedan fuera del Modelo 721si las claves privadas están bajo control directo del titular y no de un custodio extranjero, situando el umbral de declaración en los 50.000 euros.

España obliga a identificar toda operación con cajeros de criptomonedas