El ecosistema de los activos digitales en Argentina transita un camino de formalización institucional paulatina. Tras la creación inicial del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el marco regulatorio de este sector continúa sumando definiciones operativas.

Luego de transcurridos los primeros meses de experiencia con la normativa original, el organismo ha decidido dar un paso adicional para estructurar cómo estas empresas deben rendir cuentas sobre su actividad comercial diaria, estableciendo pautas estandarizadas para quienes custodian, intercambian o transfieren activos de terceros.

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A través de la Resolución General 1172/2026, publicada en el Boletín Oficial, la autoridad financiera dispuso una actualización normativa orientada a simplificar y unificar criterios.

El objetivo central de esta modificación es que las plataformas registradas transparenten regularmente el volumen de sus negocios y el resguardo de los fondos de los usuarios. Esta medida busca ordenar la información del mercado local y otorgar mayor previsibilidad en la forma en que los prestadores se comunican con el ente regulador.

El cambio principal que introduce este texto oficial es la activación de un régimen informativo periódico, el cual se hizo efectivo a partir del 1 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, todos los PSAV inscritos deben completar y remitir un documento designado como «Formulario PSAV_014».

La normativa fija un calendario estricto para este trámite: las empresas dispondrán de los primeros 15 días corridos tras el cierre de cada mes para enviar la documentación correspondiente a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF). Incluso si una entidad no registró movimientos de mercado ni mantuvo fondos bajo custodia en ese lapso, la obligación legal subsiste y deberá declarar sus valores en cero.

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A medida que el formulario se implemente, las empresas deberán desglosar su operatividad mediante datos duros divididos en cuatro bloques fundamentales.

Primero, tendrán que cuantificar su base de usuarios, diferenciando la cantidad total de clientes únicos activos entre personas humanas y personas jurídicas.

Segundo, se les exige revelar el monto bruto total operado durante el mes, expresado en dólares estadounidenses, contemplando tanto el mercado al contado como otras modalidades contractuales.

El tercer requerimiento apunta a mapear el comportamiento del mercado local, ya que los proveedores deberán detallar las cantidades y valuaciones de, al menos, los diez activos virtuales más negociados en sus plataformas.

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Por último, el cuarto bloque obliga a informar el estado de los fondos resguardados por cuenta de terceros, declarando las unidades exactas en custodia y su valor en dólares al cierre del mes calendario.

Para respaldar la estructura patrimonial de las plataformas que manejen estos volúmenes, la CNV ratificó que las casas de intercambio y custodia deben mantener un patrimonio neto mínimo de 150.000 dólares.

Sin embargo, la regulación sostiene excepciones concretas sobre las actividades que no requieren inscripción legal. Las operaciones a título personal, el uso de wallets de autocustodia, los cobros comerciales ordinarios con activos virtuales y los protocolos descentralizados permanecen fuera del alcance de este registro.

Asimismo, las personas humanas solo están obligadas a inscribirse como PSAV si su volumen de operaciones supera mensualmente las 35.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

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Estas novedades están acompañadas de otros cambios y requisitos para los PSAV. Tal como ha informado CriptoNoticias, por ejemplo, se les prohibe explícitamente a partir de ahora ofrecer o facilitar servicio de mezclado de criptomonedas.

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