El Gobierno de Colombia radicó un proyecto de ley que establece un régimen especial de normalización tributaria para regularizar la criptomonedas no declaradas. La iniciativa aplica un impuesto único del 5% sobre el valor de mercado de estas posiciones a cambio de su reporte voluntario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esta fiscalización apunta hacia los instrumentos financieros que evaden los canales convencionales. Con ese propósito, el Proyecto de Ley 477 de 2026 («Ley de Rescate Económico») fue radicado por el Gobierno nacional —a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público— ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026.

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Allí se señala que las criptomonedas «pueden mantenerse directamente en billeteras de autocustodia, trasladarse entre redes y plataformas o incorporarse a protocolos descentralizados sin la intervención permanente de una entidad obligada a identificar al titular».

Ante esto, el documento del proyecto sostiene que «la información obtenida de intermediarios puede resultar insuficiente para relacionar una posición digital con el contribuyente que la aprovecha económicamente». Dicha dificultad responde a los diagnósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al diseñar el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF).

Para resolver ese vacío de rastreo, la propuesta gubernamental persigue «incorporar activos omitidos a las declaraciones tributarias y obtener, por primera vez respecto de ellos, información verificable sobre las cuentas de autocustodia, direcciones públicas, redes y posiciones en protocolos utilizadas por sus titulares». A diferencia de las wallets privadas, las cuentas custodiales son aquellas administradas por terceros, como los exchanges de criptomonedas.

Respecto a la fijación de la tarifa, el Ejecutivo argumenta en la propuesta que «el 5% se aplica sobre el valor de mercado del activo, no únicamente sobre una ganancia». El documento añade que fijar un cobro similar a las regularizaciones ordinarias «podría reducir considerablemente el incentivo a efectuar esa revelación», debido a que el proceso exige informar la totalidad de las billeteras vinculadas al contribuyente.

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En cuanto a las condiciones del trámite, el texto normativo precisa que la medida «queda condicionada al pago íntegro del impuesto y a la entrega de información sustancialmente completa y verdadera». Asimismo, la iniciativa subraya que el mecanismo «no ampara activos no revelados ni legaliza recursos de origen ilícito».

De avanzar el trámite en el Poder Legislativo sin modificaciones en su articulado, el plazo para declarar el impuesto de normalización vencería el 30 de junio de 2027.

Este proyecto complementa el marco normativo iniciado con la Resolución 000240, emitida por la DIAN en enero de 2026 bajo el estándar CARF de la OCDE, como reportó CriptoNoticias. Mediante esa norma previa, la entidad exige a los proveedores de servicios reportar la titularidad y las transacciones de los usuarios que operan con criptomonedas.

Colombia propone impuesto del 5% para «sacar a la luz» las criptomonedas no declaradas