El 24 de septiembre de 2026, las luces del Salón de Expresidentes del Congreso de Costa Rica se encendieron para un acto ambicioso. Una cámara privada recién creada presentó una propuesta de 808 artículos para regular al sector de las criptomonedas, inteligencia artificial (IA), tokenización e identidad digital.

El texto elaborado por la Cámara de Blockchain, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (CBIAT) es, por ahora, un borrador privado. Carece de número de expediente, aunque cuenta con el respaldo de la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación actualmente a cargo del Poder Ejecutivo.

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Ante la burocracia estatal, la cámara prefirió negociar despacho por despacho con los 57 legisladores antes de radicar el documento. No es solo una táctica de lobby, sino una respuesta urgente para evitar el choque entre la velocidad de la innovación del siglo XXI y la lentitud de un Estado que opera con reglas del siglo XIX.

El contraste es drástico. Mientras un programador local despliega un modelo de IA en cuestión de días, el Registro Nacional de Costa Rica puede tardar más de 15 meses en formalizar la transferencia de acciones de una empresa.

«Tenemos 600 desarrolladores de Costa Rica haciendo hackathones de IA y blockchain, y terminan yéndose a Silicon Valley porque allá sí encuentran un entorno favorable», advierte Kevin Barquero, cofundador de CBIAT, durante una conversación exclusiva con CriptoNoticias.

¿Se puede negociar un proyecto que aún no ingresó al Congreso?

Inspirada en marcos globales como el Reglamento MiCA de la Unión Europea o las normas de activos virtuales de Dubái, la propuesta de Ley Marco de Soberanía Digital aspira a retener ese talento. No es una norma simple, sino una arquitectura madre dividida en ocho proyectos sectoriales que abarca desde la clasificación de activos hasta la gobernanza de IA y licencias para exchanges.

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Sin embargo, el gremio reconoce que el ambiente de la Asamblea Legislativa, el parlamento unicameral de Costa Rica, es complejo. «El panorama político ahorita está bastante dividido entre izquierda y derecha», explica Stephanie Sánchez, creadora de la propuesta, abogada especializada en criptoactivos y presidenta de CBIAT.

Un grupo de nueve integrantes de la Cámara de Blockchain e Inteligencia Artificial de Costa Rica vestida con trajes formales, posando junta en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con la bandera nacional y retratos dorados de expresidentes al fondo. — Representantes de la Cámara de Blockchain, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (CBIAT) en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, tras la presentación de su propuesta de 808 artículos. Fuente: CBIAT.

Por ello, la prioridad de la cámara es lograr un consenso transversal antes de radicar el documento: «Queremos que la mayoría de bancadas apoyen la propuesta para que realmente se convierta en un proyecto país» agregó Sánchez.

El ‘lobby’ puerta a puerta

Ante la falta de un patrocinador formal, la cámara eligió la ruta atípica de reunirse con cada uno de los 57 despachos legislativos. Su objetivo es «vacunar» la propuesta antes de que ingrese oficialmente al Plenario, la sesión donde coinciden los 57 diputados para debatir y votar las leyes.

«A pesar de que los proyectos están listos, queremos hacer las cosas diferentes», dijo a CriptoNoticias Daniela Avendaño, fundadora de CBIAT. «No queremos presentar la propuesta para que luego se trabe con cientos de mociones. Queremos llevarla depurada».

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El intento de consensuar textos antes del trámite no es nuevo en Costa Rica. En el pasado, otros gremios productivos buscaron pactar reformas fiscales o comerciales antes de iniciar el debate formal. Sin embargo, la historia muestra que esa negociación previa rara vez frena la avalancha de mociones en la comisión asignada, el órgano parlamentario especializado donde se discuten, modifican o desechan los proyectos antes de enviarlos a votación final.

Ese filtro inicial sería la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. CriptoNoticias buscó la posición de sus integrantes mediante comunicaciones a sus despachos, pero al momento de la publicación de esta nota ninguno había respondido.

«Ya les compartimos el proyecto a los 57 diputados, ahora ellos lo tienen en análisis y vamos a empezar a agendar con todos y cada uno para explicarles lo que sea necesario», detalló Sánchez.

Poder público, Constitución y soberanía digital

Para los promotores de la iniciativa, que estuvo en revisión técnica hasta el 15 de junio, esto va más allá de la atracción de inversiones o la regulación financiera. Plantea un debate de fondo sobre la soberanía ciudadana y los límites al poder público. Frente a la tradicional «potestad de imperio» del Estado sobre los administrados, la cámara busca usar la tecnología como un mecanismo de contrapeso para transparentar la función gubernamental.

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«Ese es el uso que debemos darle a blockchain y a la tecnología en general: utilizar estas herramientas para delimitar la capacidad del Estado frente al ciudadano», sostiene Avendaño, al remarcar que la Constitución es el único mecanismo eficaz para controlar ese poder.

Para la fundadora de CBIAT, apelar al principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo es el pilar para garantizar que las tecnologías emergentes protejan las libertades individuales en el entorno digital en lugar de expandir la burocracia.

De hecho, la ambición del proyecto trasciende las leyes ordinarias: aspira a impulsar una reforma a la Constitución Política de Costa Rica para elevar la soberanía digital y los derechos tecnológicos al máximo rango normativo.

«Para transformaciones como las que queremos a nivel constitucional, necesitamos una mayoría calificada en el Congreso», advierte Daniela Avendaño. Ese elevado umbral (38 de los 57 votos del Plenario) explica por qué la cámara considera indispensable construir consensos con todas las bancadas antes de radicar el texto.

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Primer plano de Daniela Avendaño y Stephanie Sánchez, voceras de la Cámara de Blockchain e Inteligencia Artificial de Costa Rica, durante una entrevista por videoconferencia. — Daniela Avendaño (izquierda), fundadora de la cámara, y Stephanie Sánchez (derecha), presidenta de CBIAT y abogada especializada en criptoactivos, durante la videollamada exclusiva con CriptoNoticias. Fuente: CriptoNoticias.

808 artículos sin firmante: ¿quién asumirá el costo político?

Sin embargo, alcanzar una alianza transversal de 38 votos choca de frente con la sombra política que acompaña al proyecto.

A pesar del despliegue técnico, la propuesta arrastra un elemento de alta vulnerabilidad política. Como se mencionó al inicio de este artículo, la presentación contó con el respaldo inicial del despacho de la diputada oficialista Marta Esquivel, exmagistrada y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esquivel es la figura central del Caso Barrenador, una de las mayores investigaciones por presunta corrupción pública en la historia reciente del país, expediente que sigue plenamente activo durante este 2026. CriptoNoticias contactó a su despacho el 25 de septiembre para conocer su postura, pero no obtuvo respuesta.

Esta situación penal genera recelo en el Congreso. La oposición política podría capitalizar el desgaste de Esquivel para deslegitimar el proyecto, desviando el debate técnico sobre criptomonedas e IA hacia una disputa política y restándole los consensos necesarios para su aprobación.

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Existía otra ruta formal para que el texto entrara al Congreso sin depender de un diputado: la iniciativa popular. Este mecanismo permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley de forma directa. Sin embargo, CBIAT descartó esa vía por su costo y complejidad. Recoger y verificar el 5% del padrón electoral exige unas 180.000 firmas, por lo que la cámara apostó todo a su estrategia de cabildeo directo.

Junio de 2027: la cuenta regresiva que ahuyenta al talento

Mientras CBIAT avanza en sus mesas de trabajo, la Asamblea Legislativa sigue su propio curso. El Congreso ya discute dos propuestas sobre Inteligencia Artificial (expedientes 23.771 y 23.919) que cuentan con dictamen en comisión, aunque corren en paralelo y no se articulan con la iniciativa de la cámara.

El reloj para lograr que esta propuesta se convierta en proyecto de ley formal ya está corriendo. CBIAT fijó su fecha límite en junio de 2027. Si para ese momento el texto no cuenta con número de expediente ni con un diputado proponente que lo ingrese oficialmente, la estrategia de las mesas de trabajo habrá quedado reducida a una gestión de lobby sin resultados prácticos.

¿Qué pasará si la propuesta nunca llega a debatirse en el Plenario? Para los cientos de emprendedores que hoy evalúan si armar maletas o quedarse, la respuesta está en torno a si Costa Rica habrá vuelto a perder la oportunidad de liderar la regulación tecnológica regional, mientras su borrador más ambicioso sigue guardado en un cajón.

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Cámara privada negocia en Costa Rica su ley de criptomonedas e IA con diputados