El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) evalúa si Binance cumplió las obligaciones fijadas en su acuerdo penal de noviembre de 2023, mientras autoridades regulatorias en Latinoamérica incrementan la vigilancia sobre las operaciones de la firma en la región.

El escrutinio federal en Estados Unidos cobró impulso tras una solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para confiscar USD 61 millones en activos digitales. Según la acusación, los fondos proceden de ventas no autorizadas de crudo iraní lavadas mediante cuentas de Binance.

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A esta medida se suma un informe interno de la propia plataforma que identificó operaciones por USD 850 millones ligadas al financiero iraní Babak Zanjani. La documentación señala que al menos USD 67 millones de ese monto se transfirieron a wallets digitales bajo control de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Como se ha reportado ampliamente en CriptoNoticias, el acuerdo de 2023 impuso a Binance el pago de USD 4.300 millones y la adopción de un monitor independiente contra el lavado de dinero. Ahora, Tysen Duva, jefe de la división criminal del DOJ, confirmó la revisión del caso, pero precisó los alcances del proceso:

No se ha establecido ninguna violación del acuerdo por parte de la empresa en este momento.
Tysen Duva, jefe de división del DOJ.

Si las autoridades determinan un incumplimiento, el DOJ puede reactivar los cargos penales originales contra Binance Holdings Ltd. y aplicar nuevas sanciones económicas.

A principios de año, senadores del Comité Bancario de EE. UU., entre ellos Chris Van Hollen y Elizabeth Warren, enviaron cartas al DOJ solicitando acciones firmes contra la firma.

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«Binance tiene un historial establecido de poner las ganancias por encima de la ley. Los reportes recientes plantean serias preocupaciones de que la firma está nuevamente violando las leyes de sanciones de EE. UU.», expresaron los legisladores en su comunicación formal.

Los legisladores del partido Demócrata señalaron además que la empresa mantiene vínculos comerciales con la iniciativa World Liberty Financial, vinculada a la familia del presidente Donald Trump, quien indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, en octubre de 2025.

Por su parte, Binance rechazó las acusaciones de negligencia sobre sus operaciones globales: «Estamos continuamente trabajando para mejorar nuestros controles y estamos plenamente comprometidos a cooperar con las autoridades», señalaron.

Asimismo, Duva destacó que el exchange ha colaborado en investigaciones para frenar estafas cibernéticas y fraudes financieros dentro del sector de los activos digitales.

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Nuevas exigencias operativas en Brasil

A la par de la revisión judicial en Estados Unidos, la compañía ajusta sus políticas en América Latina para alinearse con los marcos regulatorios locales. A partir del 1 de noviembre de 2026, Binance exigirá a sus usuarios en Brasil declarar la finalidad y la identidad de los destinatarios o remitentes en cada retiro o depósito internacional de criptomonedas, tal como lo informó CriptoNoticias.

La medida responde a la Resolución n.º 521/2025 del Banco Central de Brasil, que integró las transferencias de activos virtuales al régimen cambiario nacional. Para operaciones con contrapartes no autorizadas en el mercado cambiario brasileño, la plataforma estableció un límite operativo de USD 100.000 por transacción, además de la entrega de informes mensuales de control a la entidad reguladora brasileña.

Impacto en la regulación global del sector

El DOJ no ha fijado un plazo para concluir su revisión ni ha presentado cargos adicionales contra la empresa o sus ejecutivos en este expediente.

El resultado de las investigaciones estadounidenses y la implementación de controles en mercados clave como Brasil determinarán los parámetros de cumplimiento técnico y legal exigidos a los intercambios criptográficos internacionales en la región.

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Binance vuelve a estar bajo la lupa en Estados Unidos y Latinoamérica